mfpic.org

New York and Bogotá - Malicious criminal investigations by prosecutors are endangering Colombian human rights defenders and undermining their work, according to a new report by a leading human rights organization, Human Rights First.

“In a criminal justice system plagued by impunity, the tenacity with which Colombian prosecutors pursue human rights defenders for supposed crimes is striking,” the report finds.

The new report, Baseless Prosecutions of Human Rights Defenders in Colombia: In the Dock and Under the Gun, released today, documents 32 recent cases of unfounded prosecutions against defenders. The report contains the most comprehensive accounting to date of the scope of the problem, based on detailed analysis of court documents and interviews with government officials and human rights defenders.

“Prosecutors have it exactly backwards. Instead of bringing trumped-up charges against human rights defenders, officials should recognize that these activists strengthen Colombian democracy,” said Andrew Hudson, Senior Associate in the human rights defenders program. “The baseless prosecution of human rights activists as terrorists is a widespread problem that requires a comprehensive response from the government.”

While human rights defenders are not alone in being subjected to false investigations, their harassment is distinctive due to the nature of the charges and the methods of collecting, and falsifying, evidence. Prosecutors usually accuse defenders of rebellion and membership in a guerrilla organization, using false testimony from ex-combatants and inadmissible intelligence reports. While local prosecutors carry out these investigations, the institution of the Prosecutor General is also to blame for failing to address such a widespread practice. The Colombian government also bears responsibility for inflammatory statements that encourage the targeting of human rights defenders.

Despite a new criminal procedural code, the arbitrary detention of human rights activists continues. There is, however, a growing awareness among judges and senior prosecutors that these cases are spurious. In almost all of the 32 cases documented in the report, a prosecutor or judge eventually found that the investigation should never have been initiated and failed to comport with even basic notions of due process.

However, by the time the charges are dismissed, human rights defenders may have spent months or years defending themselves, and remain dangerously stigmatized as terrorists or guerrillas. Activists have been released from jail following false accusations, only to be attacked or even killed by paramilitaries.

“Baseless prosecutions must be prevented before the damage is done,” said Hudson. “It is time for the Prosecutor General to create safeguards against corruption and overzealous prosecutors.”

Among many recommendations, the report urges that the Colombian authorities:

Empower the human rights prosecutor to review all criminal investigations against human rights defenders, close those that are unfounded, and immediately release those in detention;
Prosecute officials found to have violated the law in falsely investigating human rights defenders;
Stop using coerced and coached witness testimony and intelligence files as a basis to initiate criminal investigations against defenders; and
Refrain from public statements that falsely link human rights advocacy to terrorism.
“As a major financial supporter of judicial reform, the U.S. government can and must play a role in helping Colombia to end this dangerous practice,” said Hudson. U.S. appropriations legislation for 2008 earmarked $20 million for the Office of the Prosecutor General, as part of more than $500 million in aid.

Recommendations for the United States government include:

The US Agency for International Development (USAID) and the Department of Justice should fund the Colombian human rights prosecutor to vet specious prosecutions of defenders; and
The U.S. Congress should include in appropriations legislation a condition that the Colombian armed forces are not involved in violations against human rights defenders.
Colombia is one of the most dangerous states in the world for human rights defenders. Dozens of human rights defenders are murdered every year, including labor rights activists, lawyers, indigenous leaders, members of nongovernmental organizations, and community and religious leaders.

Read Report
Published by Human Rights First
—–

Nueva York y Bogotá – Las investigaciones criminales sin fundamento por parte de fiscales ponen en peligro las vidas de los defensores de derechos humanos Colombianos e intentan desacreditar sus labores, anunció la organización internacional de derechos humanos, Human Rights First, en un nuevo informe publicado hoy.

“En un sistema de justicia penal destacado por su altos niveles de impunidad, la tenacidad de los fiscales Colombianos que persiguen casos en contra de los defensores de derechos humanos es impresionante,” declaró el informe.

El nuevo informe , documenta 32 casos individuales de procesos penales  en contra de defensores de derechos humanos acusados sin fundamento, presos o señalados. Por primera vez, se indica que el problema es sistémico e incluye un análisis detallado de los alegatos de la defensa, las resoluciones de los fiscales y las sentencias.

“Los fiscales operan al revés. En vez de abrir casos de cargos espurios en contra de los defensores de derechos humanos, los funcionarios públicos deben reconocer que los defensores fortalecen la democracia Colombiana,” señaló Andrew Hudson, asociado senior del Programa de Defensores de Derechos Humanos. “El señalamiento sin fundamento de activistas de derechos humanos como terroristas es un problema generalizado que requiere una respuesta comprensiva del estado.”

No sólo son los defensores investigados fálsamente, sino que su persecución como grupo se distingue por el carácter de los cargos y los métodos para recoger y falsificar la evidencia. Por lo general son acusados de rebelión y pertenencia a las organizaciones guerrilleras con base en el testimonio falso de excombatientes y archivos de inteligencia inadmisibles como evidencia. Mientras que los fiscales locales son los que llevan a cabo estas investigaciones, la Fiscalía General de la Nación  también resulta responsable por su inactividad frente a esta práctica tan generalizada. Además, el gobierno Colombiano es responsable por hacer declaraciones públicas provocativas que fomentan ataques contra los defensores de derechos humanos.

Pese a que existe un nuevo Código de Procedimiento Penal en Colombia, la detención arbitraria de los activistas de derechos humanos continúa. En casi todos los 32 casos documentados en este informe, un fiscal o juez que revisó el caso eventualmente declaró que la investigación nunca debió haber sido iniciada e incumple con los estándares más mínimos del debido proceso.

Sin embargo, cuando los cargos son finalmente desestimados, los defensores de derechos humanos pueden haber pasado meses o años defendiéndose y quedan estigmatizados peligrósamente como terroristas o guerrilleros. Existen casos de defensores de derechos humanos que han sido puestos en libertad tras acusaciones falsas, sólo para ser atacados e incluso asesinados por paramilitares.

“Los procesos penales infundados deben evitarse  antes de que el daño esté hecho,” indicó Hudson. “Es tiempo que el Fiscal General introduzca reformas para enfrentar la corrupción y los fiscales excesivamente entusiasmados.”

Entre muchas otras recomendaciones, el informe insta a que las autoridades Colombianas:

apoderen a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General a revisar todas las investigaciones criminales en contra de los defensores de derechos humanos, a cerrar aquellas que resulten infundadas, y a poner en libertad inmediatamente a todos los defensores detenidos injustamente;
a abrir procesos penales en contra de los fiscales que hayan violado la ley al investigar infundadamente a los defensores de derechos humanos;a que cese el uso de testimonios coaccionados o preparadosque  por los fiscales y de archivos de inteligencia como base para abrir investigaciones criminales en contra de los defensores; y que se abstengan de hacer declaraciones que señalen a los que realizan el trabajo en defensa de los derechos humanos como guerrilleros.
“Como uno de los principales financiadores de las reformas judiciales, el gobierno Estadounidense puede y deber jugar un papel en ayudar a Colombia poner  fin a esta peligrosa práctica,” indicó Hudson. La legislación de los Estados Unidos que regula la ayuda externa a Colombia para el 2008 designó $20 millones a la Fiscalía General como parte de más de $500 millones de ayuda.

Las recomendaciones para el gobierno de los Estados Unidos presentadas en el informe incluyen:

USAID y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos deben apoyar al Fiscal General de Colombia en su veeduría y seguimiento de todas las investigaciones en contra de los defensores de derechos humanos; y
El Congreso Estadounidense debe, en las leyes que regulan la asistencia económica a Colombia, condicionar tal asistencia a que las fuerzas armadas colombianas no participen en violaciones de derechos humanos en contra de los defensores de derechos humanos.
Colombia es uno de los países más peligrosos en el mundo para los defensores de derechos humanos. Decenas de defensores son asesinados cada año, incluyendo sindicalistas, abogados, líderes indígenas, miembros de organizaciones no-gubernamentales, y líderes comunitarios y religiosos.

Léa el Reporte
Publicado por Human Rights First